¿Catástrofe
natural o responsabilidad humana?
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| desmonte en Salta |
En Argentina se produce el 4,3 por
ciento del desmonte mundial y se arrasa una hectárea cada dos minutos. Salta es
una de las principales provincias en las que el modelo agropecuario avanza
sobre el monte nativo. “El bosque es nuestra vida. Sin él no somos nadie”,
reclamaron comunidades wichí mediante una carta abierta al gobernador, Juan
Manuel Urtubey. La Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Salta
(UNSA) alertó sobre la “extinción” de los pueblos originarios y definió la
grave situación diciendo que “bien podría calificarse como genocidio”.
El Panel Intergubernamental sobre
Cambio Climático (IPCC, según sus siglas en inglés), donde participan más de
300 científicos de todo el mundo, alertó en marzo pasado que el 4,3 por ciento
de la deforestación global ocurre en la Argentina. En el ámbito local, la
Secretaría de Ambiente de la Nación publicó en noviembre el informe “Monitoreo
de la superficie de bosque nativo de Argentina”. Precisa que entre noviembre de
2007 (cuando se sancionó la Ley de Bosques) hasta fines de 2013 se arrasaron
1,9 millón de hectáreas. Un promedio de una hectáreas cada dos minutos. En
cuatro provincias se concentra el 80 por ciento de los desmontes: Santiago del
Estero, Salta, Formosa y Chaco.
La primera semana de agosto, las
comunidades wichí San José de Cuchuy, Laguna de Cuchuy, Chaguaral y El Duraznillo
acamparon y frenaron topadoras en el municipio de Ballivián (departamento
salteño de San Martín), para defender el único monte que les quedaba. En
septiembre, las mismas comunidades escribieron una carta pública al gobernador,
Juan Manuel Urtubey. “El monte nos da comida, es nuestra farmacia a cielo
abierto, también es nuestra fuente de trabajo, nos provee el chaguar para
nuestras artesanías. Le solicitamos retire los permisos de desmonte que
otorgó”, reclamaron y le recordaron la vigencia de la Ley de Bosques (que
protege el monte) y la ley 26.160 (que prohíbe los desalojos indígenas y ordena
relevar los territorios). No tuvieron respuesta.
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| foto lavoz protestas del 2011
Salta, Santiago del Estero, Formosa
y Chaco concentran el 80 por ciento de las hectáreas arrasadas. En Salta,
comunidades wichís reclamaron al gobernador Urtubey un freno al desmonte, pero
no obtuvieron respuesta. Críticas de la Universidad de Salta.
La Escuela de Antropología de la Universidad
Nacional de Salta reúne a docentes, egresados y estudiantes. Emitió una inusual
y dura declaración pública (respaldada por el Consejo Directivo de la Facultad
de Humanidades): “Expresamos nuestra más profunda preocupación por los
desmontes autorizados, que constituyen una violación a la Ley de Bosques y a
los derechos de los pueblos originarios y familias criollas que habitan esos
sectores, poniendo a los mismos en grave riesgo para su supervivencia en un
corto plazo”, alerta. Resalta que para indígenas y
campesinos no es sólo bosque, sino que el monte hace a su vida.
Los antropólogos de la UNSA
precisan las consecuencias en la salud, el hambre, la desnutrición y la
contaminación. Y cuestionan a los funcionarios: “Sus acciones no respetan los
derechos indígenas reconocidos por la Constitución nacional y demuestra su funcionalidad
y lealtad a los intereses de lucro a corto plazo de un puñado de empresarios,
cuya codicia no repara en los costos ambientales y humanos”.
La Escuela de Antropología de la
Universidad de Salta denuncia la violación de derechos humanos de los pueblos
indígenas y destaca que “este accionar (desmontes y desalojos) bien podría
calificarse como genocidio, delito de lesa humanidad que no prescribe”.
En Salta se desmontaron, desde
2006, 654.000 hectáreas. El principal motivo es el avance del modelo
transgénico. En el 2000, en la provincia existían 210 mil hectáreas con soja.
La última campaña aumentó a 600 mil hectáreas. El maíz transgénico pasó de 61
mil hectáreas (en el 2000) a 162 mil (en 2013). Otro factor es el corrimiento
de la frontera ganadera, expulsada (también por la soja) de las tierras que
ocupaba, avanza sobre tierras campesinas, indígenas, de monte nativo.
En el 2000 había en Salta 420 mil
cabezas de ganado bovino. En 2010 (última estadística disponible) llegaba a un
millón de cabezas. El gobierno de Salta anunció en 2013 que planea cuadruplicar
el stock ganadero para 2030. “Este avance sobre los derechos de los pueblos
indígenas implica su extinción”, alerta el documento de la Escuela de
Antropología.
Catalina Buliubasich, de la Escuela
de Antropología y codirectora de la Maestría de Derechos Humanos de la UNSA,
destacó la necesidad de puntualizar en el “aspecto humano” del desmonte, evaluó
la situación como “muy preocupante” e insistió en que “está en riesgo la
supervivencia” de los pueblos originarios. “Soja, desmontes, desalojos,
desnutrición, pérdida de cultura e identidad, enfermedades. Es una
transformación compulsiva que pone en grave riesgo la vida indígena. No puede
haber silencio ante esta situación que urge revertir”, instó Buliubasich.
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En noviembre pasado, más de 100
organizaciones sociales y científicos enviaron un documento a la Secretaría de
Ambiente de la Nación y al Consejo Federal de Medio Ambiente para que
intervengan frente a los desmontes en Salta. El 18 de diciembre, el gobierno
salteño derogó dos decretos (de 2010 y 2011) que permitían esquivar la Ley de
Bosques y pasar topadoras en territorios protegidos.
La derogación de los decretos fue
bien recibida por las organizaciones sociales, académicos y comunidades
campesinas e indígenas. Pero el 29 de diciembre volvieron a desmontar. El wichí
Jhonatan Félix, de la comunidad Pastor Senillosa, denunció que diez topadoras
arrasaron el monte de la finca Cuchuy, uno de los epicentros de conflicto entre
empresarios y pueblos originarios
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fuentes: página 12, lanación, fauna silvestre, diarionorte.
