Piden 4 años para la dueña de la protectora de Torremolinos por matar a 2.200 animales.
PatoAlf.
Frente de Liberación Animal MDP, Psicología.
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Según la
investigación, se suministró menos producto eutanásico y de forma incorrecta,
que les provocó "una lenta y dolorosa agonía"
La Fiscalía de Málaga ha realizado escrito de acusación
contra la presidenta de la protectora Parque Animal, ubicada en Torremolinos,
para la que solicita cuatro años de prisión por el sacrificio
"masivo" en unos dos años de casi 2.200 animales, a los que,
supuestamente, suministraba menos producto eutanásico y de forma incorrecta, lo
que les provocaba "una lenta y dolorosa agonía".
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Algunos de los animales a los que la acusada sacrificó en el
Parque Animal de Torremolinos
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Inicialmente, el fiscal acusa a la responsable de este
colectivo, Carmen M.A., de los delitos continuados de maltrato animal e
intrusismo profesional, por los que también acusa a un empleado de la
protectora, aunque a éste en calidad de cooperador necesario. Además, a la
presidenta de la asociación la acusa de un delito continuado de falsedad en
documento oficial cometido por un particular.
En el escrito de conclusiones provisionales, al que ha
tenido acceso Europa Press, el ministerio público explica que de las
investigaciones se extrae que desde principios de 2008 y hasta al menos octubre
de 2010, los acusados vinieron sacrificando animales domésticos de los
recogidos en la asociación "de forma masiva e injustificada",
haciendo "auténticas sesiones de exterminio" sobre animales
normalmente sanos.
Para la acusación fiscal, esto se realizaba, supuestamente,
"sin que hubiese causa que justificase la muerte", salvo "la
falta de espacio en el centro y la prioridad que la acusada le daba a sus fines
privados". Considera que la presidenta era la que "impartía las
instrucciones y ejecutaba materialmente", con la colaboración
"imprescindible" del empleado, que se dedicaba a funciones de
mantenimiento, limpieza de animales y dependencias.
Estos "sacrificios masivos" se realizaban, según
la calificación inicial, "sin control veterinario de ninguna clase,
administrando la acusada de su propia mano los productos eutanásicos a los
animales, sin tener los conocimientos precisos, suministrando dosis por debajo
de lo indicado, pero suficiente para causar la muerte", con el objeto,
"de ahorrar costos" dedicar las instalaciones "con preferencia a
los fines privados (de pago)".
Así, se indica que supuestamente inyectaba los productos
"de forma inexperta" y "sin sedación previa". "De esta
forma se sometía a los animales a una lenta y dolorosa agonía, totalmente
injustificada y conocida por los acusados, pues se retorcían de dolor a su
vista durante horas", pone de manifiesto el ministerio público, exponiendo
algunos casos concretos, en los que los dueños entregaron sus animales a la
asociación para adopción, pero fueron sacrificados.
"Para llevar a cabo estas exterminaciones masivas y
programadas, preferentemente a primeras horas de la mañana, se desconectaban
las cámaras de seguridad del centro y se conectaba la música a la megafonía del
centro a alto volumen, conscientes los acusados del gran alboroto que producían
los alaridos de los animales al sacrificarlos de modo tan inhumano", dice
el escrito de acusación fiscal.
Según la investigación, se calcula que de enero de 2009 a
octubre de 2010 se habrían sacrificado unos 2.183 animales. Ambos acusados
"carecían" en aquel momento la titulación necesaria. Además, la
procesada, como tenía que adquirir grandes cantidades de productos eutanásicos,
era ella "quien habitualmente firmaba las recetas a nombre de veterinarios
supuestos o alteraba lo datos necesarios para sus fines".
Asimismo, según esta acusación, era esta acusada la que
"bajo el nombre de veterinarios supuestos firmaba certificados de
eutanasia o los expedía en su totalidad de su puño y letra, así como otros
certificados veterinarios". También firmaba los listados mensuales de
animales para incineración que eran presentados en el Ayuntamiento "o
alteraba su contenido en los extremos necesarios a sus intereses".
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| Presidenta de Parque Animal |
El fiscal pide que se le imponga a cada acusado un año de
prisión por el delito continuado de maltrato animal, con la inhabilitación para
profesión que tenga relación con los animales durante tres años; así como multa
de 7.200 euros por el delito de intrusismo. Por el de falsedad documental se
solicita que se imponga a la procesada tres años de prisión y multa de 7.200
euros.
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fuente: laopiniondemalaga.es
